Los investigadores británicos Richard Wilkinson y Kate Piquett han demostrado que la desigualdad trasciende la economía y perjudica también la salud pública. El aumento de las diferencias económicas que produce el capitalismo de última generación se traduce en un desequilibrio material que rápidamente muta y hace que nos preguntemos si nos corresponde o no en justicia el puesto que ocupamos en la pirámide social. La falta de equidad genera en numerosos individuos patologías mentales como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima.
Desigualdad imparable
La obscena desigualdad de los últimos tiempos socava la meritocracia, estanca la movilidad profesional y lesiona el bienestar psicológico colectivo. La desigualdad inocula a sus víctimas el veneno de la neurosis y la enfermedad del rencor clasista. Incluso las personas que compiten por alcanzar el estatus más elevado se intoxican alimentándose de estrés y animadversión mutua. Si a la desigualdad se añade la pobreza de amplios sectores de la sociedad, aparece ante nosotros un escenario sombrío para la convivencia. Por si lo anterior fuera poco, a menudo los ‘ganadores de la desigualdad’ aprovechan las debilidades del Estado para lograr impunidad fiscal. Entonces, la desigualdad aumenta exponencialmente por la puerta de atrás, ya que la falta de contribución por las elites económicas a la financiación del gasto público reduce la calidad de las prestaciones sociales (sanidad, educación, dependencia…) con las que cuadran sus cuentas los aspirantes —si esto sigue así— al estatuto de paria. La ’emigración’ de los ricos a lugares de opacidad para ocultar sus riquezas hace que la atmósfera social sea irrespirable. Sin embargo, este ‘puré de guisantes’ es el ecosistema idóneo para delincuentes con instinto de negocio. Al mismo tiempo, la contaminación moral nubla la visión de la opinión pública sobre los instrumentos más eficientes para combatir el fraude de los plutócratas.
¿Quién no conoce a Hervé Falciani, el experto informático del banco HSBC que elaboró (sin autorización de la empresa) una lista de clientes de la entidad y de sus activos financieros? ¿Qué fin perseguía Falciani? Sencillamente, lucrarse vendiendo a las autoridades fiscales información reservada. Lo ha confirmado, entre otros, el Tribunal Supremo (sentencia de 23 de febrero de 2017). Falciani es un traficante de datos ‘sensibles’. ¿Qué fin perseguía Falciani? Sencillamente, lucrarse vendiendo a las autoridades fiscales información reservada. Lo ha confirmado el Tribunal Supremo Sin embargo, algunos admiran a Falciani como si fuera un héroe, un paladín en la lucha contra la ocultación fiscal.
Es el caso de la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que en 2013, como fiscal de la Audiencia Nacional, se opuso a su extradición a Suiza (de la que finalmente se libró por no darse el requisito de la ‘doble incriminación’) por los servicios prestados al Tesoro español. O el de Pablo Iglesias, que en febrero de 2015 solicitó la colaboración de Falciani para combatir los delitos contra la Hacienda Pública. El ingeniero ítalo-francés puede que plagie a otro Iglesias (Julio): “Soy un truhán, soy un señor…”. En cualquier caso, el escurridizo Falciani ha sido la némesis de Sixto, un defraudador fiscal de Alcobendas. La desgracia de Sixto comenzó a perfilarse cuando la policía judicial francesa registró en 2009 la vivienda de Falciani en Niza y halló la famosa lista que lleva su nombre, en la que figuraban miles de clientes del HSBC. Las autoridades francesas entregaron a la Agencia Tributaria, por intermediación diplomática y en cumplimiento del convenio bilateral suscrito por ambos Estados para evitar la doble imposición y reprimir el fraude, un CD-ROM específico en el que constaban la identidad y los fondos (bonos, cuentas bancarias…) de numerosos contribuyentes con residencia en España.
Sixto figuraba en la lista Falciani como titular de activos no declarados a la Agencia Tributaria (y tampoco a las administraciones helvéticas) por valor de 4.918.316,49 euros (2005) y 5.277.511,05 euros (2006). Obviando los requerimientos de ponerse al día, presentando una autoliquidación complementaria, efectuados por la Hacienda española (a él y a otros 557 obligados tributarios residentes en España), Sixto adoptó el mutismo de algunos encuestados —“no sé”, “no contesto”— y, claro, el balón entró mansamente en su portería. Seguramente algún listillo le recomendó beber un hectolitro de confianza (legal/judicial). Demasiada bebida y demasiado riesgo. Hacerse el tonto le deparó a Sixto, después de calentar el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, una condena por dos delitos contra la Hacienda Pública a tres años de prisión por cada ilícito, una multa de vértigo y el pago de las cuotas defraudadas, con intereses. Las penas de la Audiencia fueron confirmadas por la ya citada sentencia del TS de 23 de febrero de 2017.
La única prueba de cargo que dejó en pelota picada a Sixto fue la información de Falciani. A este respecto, resulta imprescindible transcribir el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. Es indudable que Sixto padeció la violación de su derecho a la intimidad (artículo 18.3 CE). Sixto impetró el amparo del Tribunal Constitucional (TC) por una supuesta vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías (artículo 24.2 CE).